ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SOCIEDAD DEL POST CONFLICTO: RETOS Y DESAFÍOS.

  

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SOCIEDAD DEL POST CONFLICTO: RETOS Y DESAFÍOS.

POR: MANUEL DONADO SOLANO.

A MANERA DE INTROITO.

En sociedades como la nuestra, donde históricamente ha echado raíces, cual mal endémico, la más intensa y sistemática violencia generalizada; y más concretamente, aquella que es generada como consecuencia del conflicto político armado interno, no deja de ser algo reconfortante para esta martirizada república, la firma del cese definitivo de los enfrentamientos armados entre la más antigua y poderosa guerrilla del continente americano, como son las Farc,  y el Estado colombiano a través de sus fuerzas armadas.

Aquí seria pertinente tener en cuenta, al momento de hacer una genealogía sobre los orígenes y causas de esta sangrienta confrontación armada, la intolerancia y la visión excluyente sobre “el otro”, quien es visto como un enemigo interno ilegitimo, soslayando de paso, los reclamos y exigencias de las guerrillas sobre la necesidad de un Estado que implemente políticas de un amplio espectro social que promueva y garantice la práctica de los derechos fundamentales de la población colombiana, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Para algunos estudiosos del conflicto armado interno en nuestro país, esta situación de injusticia social y de exclusión política para con un grueso número de la población, sumada a la fuerte represión contra las protestas de sectores sociales contra esa situación, provocó que las guerrillas emplearan lo que denominó como “guerra revolucionaria” contra lo que consideraban como un Estado carente de toda legitimidad por no garantizarle a la mayoría de la población los derechos fundamentales.

En este sentido, cerrados los acuerdos de La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc  para la terminación del conflicto político armado, con el respectivo acompañamiento internacional en su papel de garante de dichos acuerdos, indudablemente se abren nuevos retos y perspectivas en la búsqueda de la construcción de una paz estable y duradera, en lo que han denominado la sociedad del post conflicto.

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, lo cual daría pie a aseveraciones del  tenor,según la cual, sólo mediante la concreción real y efectiva del denominado círculo virtuoso de Derechos y paz, en el sentido de que mediante el respeto y la promoción de los derechos sociales, políticos, económicos y de medio ambiente se encontrará la posibilidad de aclimatar realmente una convivencia estable y duradera; y consecuentemente, ese estado de convivencia pacífica y duradera, sería el espacio ideal para el  respeto y observancia de esos derechos fundamentales.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que para llevar a cabo con éxito en la futura sociedad del post conflicto todos esos procesos que inexorablemente confluyan en la construcción de una paz positiva que impida el regreso a situaciones de marginamiento, exclusión e  injusticia social que en el pasado sirvieron de eficaces elementos catalizadores de la gran espiral de las diferentes formas de violencia, resulta a todas luces necesario y urgente, que las decisiones y actividades que acometan las instituciones del Estado para influir efectivamente en la vida y las actividades de la población, deben fundamentarse en la búsqueda de la mayor aproximación posible a una sociedad justa.

Podemos decir, tomando como referente al filósofo alemán Emmanuel Kant, que es un imperativo ético de carácter universal,  concebir siempre al otro como un fin en sí mismo y nunca como un medio al cual se puede instrumentalizar, ya que, por el hecho de pertenecer a una comunidad racional capaz de darse libre y autónomamente, proyectos de vida, resultaría inmoral e injustificable, acometer acciones que impidan la realización de dichos proyectos y de una vida digna como presupuesto de invaluable importancia para la búsqueda de una paz  estable y duradera.

En el mismo sentido, esa aseveración adquiere gran relevancia, si nos remitimos al planteamiento esbozado por Enrique Bonete Perales en el sentido que “el criterio de la dignidad pretende medir la moralidad de los seres racionales –y también de los políticos- en función de cual sea la manera de tratar a los demás sujetos implicados en una decisión. Considerando que las personas por su autonomía, por su capacidad auto legisladora, son portadoras de dignidad, de un valor absoluto, y no son reductibles a precio, a instrumentos de cualquier fin, por muy legitimo que sea, las decisiones políticas se sitúan ante uno de los límites morales mas agudos”. ( Bonete Perales Enrique “La Política Desde La Ética” Pag. 62 Editorial. Madrid. 1992)

En este orden de ideas, creo que nadie podría negar la validez de la necesidad reflexionar, aunque sea a manera de un modesto esbozo, y así ver hasta que punto podemos encontrar o darnos luces para apropiarnos lo mas que podamos, de herramientas teóricas, conceptualizaciones u otras miradas alternativas que nos permitan acercarnos en lo mayormente posible, al ideal de una sociedad justa y equitativa; tantas veces aplazado y pisoteado en el tortuoso y violento trance de nuestra historia reciente, con tal de consolidar la llamada sociedad del Post conflicto y así evitar el resurgimiento de nuevos tipos de violencia como desafortunadamente aconteció después de los procesos de paz llevados a cabo en algunos países centroamericanos durante la década de los años noventa.

ALGUNAS CONSIDERACIONES NECESARIAS SOBRE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO.

 En las actuales circunstancias, resulta a todas luces algo necesario e incontrovertible, que con la firma de los acuerdos de La Habana con tal de terminar definitivamente la confrontación armada con la guerrilla de las Farc,se busca pasar para siempre la negra página de una violencia generada por el conflicto político armado interno, caracterizada por la degradación y el alto grado de sevicia, así como las innumerables masacres cometidas contra la población civil ajena a la confrontación armada, lo cual generaba los consiguientes desplazamientos; esto, sin mencionar la utilización de menores de edad en la guerra, lo cual se traduce en el hecho perverso de su instrumentalización por parte de los actores en conflicto.

En este aspecto, nadie puede negar que aquí confluyen la violencia ejercida por el narcotráfico y la de la más amplia gama de la delincuencia común; así como aquella que encarna el hecho de someter al hambre, la ignorancia, la discriminación y la falta de oportunidades a grandes sectores de la población colombiana.

Aquí,sería pertinente no pasar por alto, que si buscamos adentrarnos en un análisis que nos permita llegar a identificar causas sustanciales y sustentables de la confrontación política armada interna, inexorablemente debemos tener en cuenta que sociedades como la nuestra, caracterizadas porque a su interior se mueven los mas encontrados intereses, así como las mas disimiles y antagónicas  concepciones acerca de la política y el papel del Estado en cuanto a su razón de ser y finalidadesen la sociedad, van a estar signadas, en mayor o menor medida, por la irrupción de conflictos.

Ahora bien, no sobra hacer notar que muchas veces, cuando hacemos alusión a la cada vez mayor presencia de los conflictos en el tejido social, se ha vuelto una creencia generalizada, que estos mismos constituyen un mal aberrante que debe evitarse y erradicarse a toda costa.

En este sentido, con tal de evitar la satanización y exterminio del otro,  este punto de vista debe ser aclarado en lo que tiene que ver con el hecho del carácter connatural del conflicto en sociedades, que como ya se dijo, en cuyo interior se mueven concepciones, expectativas y demandas de los diversos grupos sociales.

Ante estas circunstancias, por lo que se debe velar, es porque los actores de estas reclamaciones, no acudan al expediente de la violencia con tal de hacer prevalecer sus intereses y concepciones políticas sobre las del otro, llegando al extremo del asesinato y el terror, sino que se busquen cauces para que las contradicciones sean dirimidas de manera racional y civilizada y así puedan convertirse en un factor positivo que ayude al progreso.

En este sentido, es donde podemos ver que en nuestro país, desde la segunda década de la centuria pasada, el Estado colombiano, ante la imposibilidad de arbitrar de manera justa y equitativa ante los justos reclamos de los trabajadores bananeros, prefirió salvaguardar los intereses del capital norteamericano, representado en la United Fruit Company, y ahogó a sangre y  fuego, la primera protesta organizada de los trabajadores colombianos, como fue la famosa masacre de Las Bananeras en Diciembre de 1928, donde miles de jornaleros y pequeños propietarios, exigían en su pliego de peticiones, una reducción en la jornada laboral, así como unos salarios justos y unas condiciones de trabajo dignas.

Partiendo de estos hechos, podemos afirmar sin temor a equivoco alguno, que este episodio de trascendental importancia en nuestra historia, fue la chispa que encendió el descontento generalizado en la incipiente clase obrera en nuestro país, y forjó a los primeros dirigentes comunistas que organizaron gremial y políticamente a la clase trabajadora para luchar por sus mas sentidas reivindicaciones tanto en lo económico como en lo político, frente a un Estado que veía a quienes se atrevieran a protestar y a exigir que se respetaran sus justos reclamos, como a una cuadrilla de malhechores o individuos que atentaban contra la sociedad y por lo tanto debían ser reprimidos inmisericordemente.

Aquí, podemos vislumbrar, teniendo en cuenta el momento histórico, las raíces escolástico-feudal, de un Estado, cuya constitución política como la de 1886, brotada de las entrañas de ese gran movimiento de estirpe ultra conservadora y de amplia raigambre anti liberal como fue “La Regeneración, caracterizada por legislar mas para unos súbditos que para ciudadanos con amplios derechos civiles y políticos.

Este va a ser el decorado que vamos a tener en nuestro país como escenario histórico durante buena parte de la primera mitad del siglo XX, hasta la llegada de los gobiernos liberales desde a partir de la década de los años treinta, entronizando una serie de reformas de “avanzada”, debido a las exigencias del capital extranjero, de modernizar la vieja estructura político-administrativa heredada desde finales del siglo XIX para adecuarla a una legislación que conjugara los intereses de la nueva dominación neo-colonial, arropada bajo el rotulo de “modernización”.

En este orden de ideas, de una manera muy simple y genérica, podemos inferir sobre los grandes problemas de nuestros Estados Latinoamericanos en comparación a los de los países avanzados que lograron consolidar el ideario democrático-burgués, fundado en los principios liberales de la Revolución Francesa; o sea, la vía clásica del desarrollo capitalista tanto en el ámbito de su estructura económica como en lo político.

Todo esto, se puede colegir, influyó sustancialmente en la visión limitada sobre políticas públicas fundadas en la defensa y promoción de derechos y libertades durante esa época de prevalencia de lo que en nuestra historia se conoce como “La hegemonía conservadora”, caracterizada por su afán represivo en su búsqueda de hacer prevalecer a como diera lugar, el orden y la paz sin reparar en la justeza o no de los reclamos y exigencias sociales del campesinado y otros sectores de la población en sus luchas por la justicia.

En todo este proceso, también han tenido gran incidencia en los orígenes del conflicto político armado interno en nuestro país, dos hechos de gran relevancia y trascendencia como son, la instauración por parte de las élites de los partidos tradicionales, de un sistema político excluyente debido a la violación flagrante de los derechos políticos, encarnado en el denominado “Frente Nacional”, a través del cual los dos partidos tradicionales se alternarían en el poder, excluyendo de toda participación a otros grupos o colectividades.

Todo esto, aunado a la dominación económica y política de nuestro país por parte de los Estados Unidos mediante el endeudamiento y los préstamos leoninos, lo cual se ha constituido en una permanente violación de nuestra soberanía nacional con la imposición de sus políticas económicas, así como su intromisión directa en nuestro conflicto interno con sus ayudas en pertrechos y asesoría militar al Estado Colombiano en su lucha contra las guerrillas, lo cual se ha convertido en otro aditamento de capital importancia en lo referente a la incidencia en el origen y desarrollo de dicho conflicto.

En este sentido,  para reafirmar y darle mayor validez a lo arriba planteado, seria pertinente traer a colación y tener en cuenta que: “muchos países en desarrollo, sumidos en la crisis de la deuda, se han visto obligado a adoptar programas de ajuste estructural, lo que ha ocasionado recortes en el gasto social y los ingresos de los sectores populares, incrementando la pobreza, la conflictividad social y la depredación del medio ambiente”

Aquí, se hace bastante evidente, la influencia negativa de una variable o factor de gran peso como lo es la fuerte dependencia que desde los albores del siglo XX, tiene nuestro país con respecto a la gran potencia del norte, y por ende, su sometimiento a la dictadura de los grandes organismos internacionales del crédito financiero que con tal de asegurar el capital y los astronómicos intereses, hacen que nuestra deuda se haya convertido en algo prácticamente impagable.

En este orden de ideas, podemos afirmar finalmente que estos factores han sido de sustancial importancia en el diseño y ejecución de políticas públicas, agenciadas por el Estado colombiano, las cuales han contribuido históricamente a que tanto en nuestros campos, así como en las ciudades, grandes sectores de nuestros conciudadanos de nuestro agro, no hayan sido tenidos en cuenta e invisibilizados, al escamotearles el derecho a tener acceso a la propiedad sobre la tierra y al crédito, debido al mal direccionamiento que se les ha dado a las políticas para el sector agropecuario.

Aquí, encontramos la génesis de los primeros reclamos sociales en nuestra historia, la de cientos de miles de campesinos sin tierras, sin créditos, sin vías, sin derecho a la salud ni a la educación ni a la vivienda y mucho menos a la protesta para reivindicar sus derechos como ciudadanos colombianos. Así fue gestándose de manera muchas veces violenta, mediante el despojo y desplazamiento, unas veces ocasionado por los grandes terratenientes; y otras veces, por parte de los actores del conflicto armado,ocasionando, grandes rupturas en el inmenso  tejido social de esta martirizada república.

Ahora bien, antes de continuar, sería de capital importancia tanto en el aspecto metodológico como conceptual en esta reflexión, tener en cuenta que cuando hablamos de políticas públicas, algunos autores coinciden en definirla como ese conjunto de instrumentos por medio de los cuales el Estado se permite identificar una necesidad(Económica, política, social, cultural y ambiental)  para implementar una serie de medidas reparadoras y correctivas, las cuales se deben elaborar con la participación de los grupos afectados por los diversos problema.

Podemos decir que nuestro devenir histórico, caracterizado por la ausencia de una fuerte identidad nacional, debido al fuerte predominio de los intereses económicos de las élites regionales, los diversos lineamientos políticos- administrativos del Estado colombiano, ahondó en gran medida la precariedad de una identidad nacional, en la que algunas regiones se sienten discriminadas y excluidas por la prevalencia de políticas de fuerte corte centralista, desconociendo en muchos casos, los derechos fundamentales de grandes núcleos de poblaciones, asentadas en esas regiones.

En este sentido, podemos decir que todos estos procesos restrictivos que limitan e impiden, una profundización de los procesos democráticos, ya que “apenas si dan paso con muchas dificultades a una incipiente cultura política, basada en la participación y el consenso; y a la debilidad de las instituciones democráticas frente a la construcción de un autentico Estado de Derecho y al pleno ejercicio de los derechos humanos y las libertades públicas”( Vincenti Francesco; “La Reconciliación sostenible: El mayor reto de la paz” Pag.79..Dirección General para la Reinserción. Bogotá. 2001.)

EL CIRCULO VIRTUOSO DE DERECHOS Y PAZ COMO ESTRATEGIA PARA LOGRAR UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA EN LA SOCIEDAD DEL POST CONFLICTO          

Nadie pondría en duda, la importancia que para una sociedad, constituye el hecho de terminar una confrontación armada interna, no a través del sometimiento violento y exterminio del otro, sino mediante el dialogo y el consenso de los contendientes armados en un proceso de negociación política como el que acaban de llevar a cabo el Estado Colombiano con la guerrilla de las Farc; proceso sustentado en el reconocimiento del otro, y la mutua aceptación como sujetos portadores de derechos.

Ahora bien, ante esta nueva situación, cabria hacernos la siguiente pregunta: ¿Ante la terminación del conflicto político armado interno en nuestro país, es esto por sí sólo, garantía suficiente para el establecimiento de una paz estable y duradera?

Creo, sin temor a equivoco alguno, que la condición sine qua non de toda paz duradera es el respeto pleno y efectivo de los derechos políticos, sociales y económicos, “ya que así como la paz es la condición de posibilidad para el goce de los derechos, el respeto de estos últimos se transforma a su vez en condición de posibilidad para la paz” (Papacchini Ángelo. Los derechos humanos, un desafío a la violencia. Pag. 392    Ed. Altamir. Bogotá. 1997)

De acuerdo a lo anteriormente planteado, nadie pondría en duda la necesidad de que tanto el Estado a través de sus instituciones, contribuyan o propicien la formación de espacios que permitan la instauración efectiva de ese círculo virtuoso de derechos y paz como el mejor legado que podemos dejar a las generaciones futuras.Al momento de hacer mas explicito la incuestionable validez de esta estrategia, así como su carácter de imperativo para la consecución de una paz estable y duradera.

En este sentido, es de suma importancia tener en cuenta que entre las bondades que traería un estado de convivencia pacífica, se resalta, además de su papel como posibilitador del goce pleno de los derechos fundamentales, y el de permitir el despliegue de una existencia rica y plena, al poder desarrollar en armonía nuestras capacidades. Esto,debido a que en estas circunstancias, las relaciones de amistad se traducen, normalmente, en relaciones de colaboración o, tal vez mas exactamente, cooperación entre los grupos sociales que renuncian a la violencia física como medio de resolver los conflictos.

 De acuerdo con lo arriba planteado, se infiere la necesidad de no pasar por alto que la paz requiere de unos presupuestos que la hagan viable, ya que de lo contrario se estará abonando nuevamente el terreno para un nuevo resurgimiento de la violencia. Aquí sería pertinente tener en cuenta que “sólo suprimiendo las causas mas profunda de la desigualdad de oportunidades podremos realmente prevenir los conflictos destructivos. Si no se solucionan sus raíces, como son la pobreza, el no reconocimiento social y las exclusiones de todo orden, la reconciliación se esfumará, y la confrontación armada será reemplazada por otro tipo de violencias”. (Vincenti. Op. Cit. Pag. 87)

Es así, como hasta ahora, cuando apenas se empiezan a sentar las bases de lo que será la sociedad del post conflicto, se hace necesario rescatar un hecho de trascendental importancia como  es, el hecho de llegar a  consenso de la necesidad de unos mínimos en el sentido de efectuar y acometer de manera urgente, unas reformas de gran calado en aspectos sustanciales de la vida económica y política en la sociedad colombiana.

Sin temor a equivoco alguno, se puede aseverar que se han echado los basamentos para la consecución de una paz positiva, como resultado, además del consenso y la disposición dialógica, de la satisfacción de los puntos de vista e intereses de los bandos en conflicto; pero eso no es garantía suficiente para asegurar una autentica convivencia pacífica en la sociedad del post conflicto, sino que el Estado colombiano, además de fortalecer los pilares y las garantías constitucionales propios de un Estado social de Derecho fuerte,debe velar por diseñar y ejecutar políticas de un alto contenido social que impacten en gruesos sectores de la población.

En este orden de ideas, es  necesario hacer notar que nuestro Estado social de Derecho como garante de los derechos constitucionales de los ciudadanos colombianos en una sociedad de mercado,  caracterizado por la libre concurrencia tanto en el ámbito económico así como en el acceso a las oportunidades para el ejercicio de derechos y libertades en los diferentes campos o esferas de la sociedad, debe tener muy en cuenta su papel como regulador equitativo de la iniciativa privada para que no se beneficien unos pocos, ya que “la competencia es productiva si todos los competidores tienen posibilidad de éxito; pero si desde el principio, algunos de los competidores teóricos no tienen capacidad competitiva real, o si en el proceso un número significativo sale sin posibilidad de volver a ella, los efectos positivos de la competencia desaparecen”. ( Op. CitVincenti. Pag. 124)

Además de lo anterior, y con tal de no reincidir en políticas regresivas en el ámbito de lo político y por ende lo social, es importante también tener en cuenta que un Estado que se trace como norte diseñar y ejecutar políticas públicas con tal de recomponer un tejido social impactado negativamente durante mucho tiempo como consecuencia de políticas de un amplio espectro de carácter anti democrático y excluyentes, debe propender por espacios donde “la libertad política se potencie en un ambiente de oportunidades económicas generalizadas y de movilidad social amplia que permita el derecho a un ingreso justo que permita una vida digna; un medio donde se erradique la exclusión política, la falta de democracia y la exclusión social originada en favoritismos o por motivos de género, etnia, religión u origen”. (Vincenti. Op. Cit. Pag. 125)

En lo expuesto hasta aquí, además, es de capital importancia que nos detengamos un poco a analizar un tópico que siempre sale a relucir al momento de plantearnos un tema como lo es la construcción de la sociedad del post conflicto, lo cual implica necesariamente, en cierto sentido, un nuevo pacto social a la luz de los pilares básicos del Estado social de Derecho de nuestra actual constitución política.

Aquí, necesariamente, podemos inferir, tomando como referencia el concepto de persona en Rawls, que los seres humanos como personas, somos seres razonables y racionales; razonables, porque somos capaces de proponer y acatar los términos justos al momento de cooperar en el cuerpo político donde nos movemos; y racionales, por poseer capacidad de juicio y deliberación al momento de perseguir nuestros fines e intereses egoístas.

  

Esto, adquiere gran relevancia al momento de tener que entrar a fundamentar e interpretar la necesidad de plantear o replantear políticas públicas, ya que se va a contar con invaluables insumos conceptuales y teóricos que nos permitan discernir con meridiana claridad que “el acceso a los bienes económicos regula el acceso a los demás bienes, y le de paso a una visión en la cual el ser humano tenga la oportunidad y la potencialidad para escoger el campo o los campos de su esfuerzo. No hablamos, entonces, de igualdad en el desempeño o en el resultado en ningún campo, lo cual supone restricciones inequitativas de la libertad en otros; nos referimos aquí es a la igualdad de oportunidades en los diversos campos” (Vincenti. Op. Cit. Pag. 127)

ALGUNOS RETOS Y DESAFÍOS A LA SOCIEDAD DEL POST CONFLICTO    

         

Teniendo en cuenta la experiencia histórica, parece una constante generalizada en todos aquellos países que han adelantado procesos de paz con tal de poner fin a los conflictos armados internos que han padecido, las inmensas dificultades que han incidido sustancialmente para dar al traste con esos procesos de post conflicto que apuntaban a la erradicación de la violencia mediante la recomposición   de esos tejidos sociales, abruptamente desgarrados por el peso de la guerra y muchos lustros de políticas públicas de Estado signadas por la desigualdad, el marginamiento y la exclusión. 

Aquí cabría preguntarnos, ¿qué sucedió con tan prometedores procesos de paz que generaron en ese momento tantas expectativas en todo el orbe ?

Simple y llanamente fueron procesos que se quedaron en el cese de la confrontación militar y «olvidaron» o echaron por la borda los acuerdos relativos a la garantía y promoción real y efectiva de los derechos fundamentales de los ex combatientes reinsertados así como del grueso de la población.

Es el temido espectro que desde ya, cuando aún no se ha secado totalmente la tinta de los acuerdos, empieza a rondar el incipiente proceso debido al incumplimiento de aspectos sustanciales de acuerdos suscritos ante garantes del orden internacional.

Es así como en el caso nuestro reciente, se ve con gran preocupación como el señor fiscal general de la nación hace hasta lo imposible por sabotear la Política de erradicación de cultivos ilícitos acordada en La Habana, y desvirtuar a como de lugar el proyecto de la justicia especial para la paz(JEP), amén de la aprobación requerida por el Congreso de otras propuestas para darle seguridad legal y jurídica a aspectos sustanciales de lo acordado en la negociación.

Ante tales dificultades que parecerían algo inevitable en procesos tan complejos, causa alguna suspicacia que pasado el gran fervor previo a la firma de los acuerdos, empecemos a notar una especie de desinterés y falta de voluntad política por parte del Gobierno así como de la clase política y organizaciones sociales con tal de agilizar la puesta en practica de lo acordado en el proceso de negociación

Aquí tendría que movilizarse la sociedad civil junto a los garantes internacionales para pedir el cumplimiento de los acuerdos de La Habana, y no dejar que se repita la malograda experiencia de Guatemala y El Salvador, regresando a nuevas espirales de violencia como consecuencia de lo que el establecimiento siempre ha anhelado:una paz barata que le garantice las menores inversiones posible, o sea, lo que algunos llaman una paz «light».

En este orden de ideas, no podemos pasar por alto, las complejas tensiones que sacuden y se interponen constantemente al novel proceso de paz, debido a los intereses propios de unas relaciones de poder y de instrumentalización propias de intereses y privilegios ancestrales. 

Ante lo anteriormente planteado, son mas que justificadas las dudas y preocupaciones que se dan por doquier; y esto, sin mencionar las severas advertencias del nuevo inquilino de la Casa Blanca, quien ya anunció una revisión a dichos acuerdos, dando a entender que la ayuda aprobada por su antecesor, queda sujeta a la nueva lectura y recomendaciones que los halcones del Departamento de Estado hagan de dichos acuerdos.

Ahora, ante todo este panorama, otra de las preocupaciones que surge entre sectores de la opinión pública, teniendo en cuenta la gran crisis en el ámbito de la ética pública, consiste sobre el manejo y la utilización que se le pueda dar a los millonarios recursos de la Unión Europea y otros países para contribuir a aclimatar la paz en la sociedad del post Conflicto, sin que vayan a ser devorados por ese cáncer institucionalizado como lo es la corrupción.